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La financiación de la CFI está sujeta a Políticas de Salvaguarda Ambiental y Social, que abordan: la sostenibilidad; la divulgación de información sobre la CFI y sus actividades; y un procedimiento de revisión que guía su aplicación de la política de sostenibilidad y su supervisión de los proyectos del sector privado.[9] Organizaciones no gubernamentales (ONG) y grupos comunitarios atacaron la financiación de proyectos a través del procedimiento de cumplimiento de la CFI. Una ONG argentina, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA),[10] argumentó que los defectos de los proyectos significaban que los inversores estaban violando sus compromisos voluntarios en virtud de los Principios de Ecuador[11], lo que dio lugar a que un prestamista se retirara del proyecto y permitió a CEDHA presentar una queja formal ante la CFI. CEDHA también presentó una denuncia contra Uruguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e inició acciones judiciales en Argentina y Uruguay[12]. La empresa española que construía la más pequeña de las dos fábricas se retiró en 2005 como consecuencia de la presión pública.

Río Uruguay

Fábricas de celulosa en el río Uruguay (Argentina c. Uruguay)TribunalTribunal Internacional de JusticiaDecisión20 de abril de 2010Antecedentes del casoAcción(es) anterior(es)Uruguay autorizó la construcción de dos fábricas de celulosa en la margen oriental del río UruguayAcción(es) posterior(es)Creación de un Comité Científico conjunto en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay con el fin de controlar los niveles de contaminación.

El conflicto de las pasteras fue una disputa entre Argentina y Uruguay relativa a la construcción de pasteras en el río Uruguay. Los presidentes en aquel momento eran Néstor Kirchner (Argentina) y Tabaré Vázquez (Uruguay). Como conflicto diplomático, económico y de relaciones públicas entre ambas partes, la disputa también afectó al turismo y al transporte, así como a las relaciones, por lo demás amistosas, entre los dos países. La disputa no tenía precedentes entre los dos países, que comparten lazos históricos y culturales[1].

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Los procedimientos se llevaron ante la Corte Internacional de Justicia como un caso formalmente denominado Fábricas de Celulosa en el Río Uruguay (Argentina contra Uruguay)[2], que dictaminó que, aunque Uruguay no informó a Argentina de las operaciones, no contaminaba el río, por lo que el cierre de la fábrica de celulosa sería injustificado. El conflicto terminó en 2010, durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner (Argentina) y José Mujica (Uruguay), con el establecimiento de una coordinación conjunta de las actividades en el río.

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Uruguay es uno de los principales socios de Brasil en América del Sur. Los lazos históricos, políticos y humanos entre los dos países permiten el alto grado de confianza mutua, que impregna todos los aspectos de la relación bilateral. La cooperación entre los dos países es global y se extiende a los ámbitos político, económico, tecnológico y social.

La relación cobró impulso con la creación del "Grupo de Alto Nivel Brasil-Uruguay", dividido en seis subgrupos (integración productiva; ciencia, tecnología e innovación; comunicación e información; integración de infraestructuras de transporte; libre circulación de bienes y servicios; libre circulación de personas). Esta iniciativa tiene como objetivo concebir y supervisar proyectos en áreas estratégicas de la relación bilateral.

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La I Reunión Plenaria del Grupo de Alto Nivel Brasil-Uruguay (julio de 2013) adoptó el "Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible y la Integración Brasil-Uruguay", un documento que incluye 40 acciones estratégicas a corto, medio y largo plazo. Además de otros resultados concretos, el trabajo de los subgrupos condujo a la firma del "Acuerdo sobre Residencia Permanente con el Objetivo de Alcanzar la Libre Circulación de Personas", que establece un mecanismo simplificado para la concesión de residencia permanente a los nacionales brasileños y uruguayos que deseen establecer su residencia en el otro país. Este acuerdo entró en vigor el 7 de julio de 2017.

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